LAWFARE – Corte Suprema | Denuncian que Rosenkrantz regula sus propios honorarios.
En el año mencionado, el Gobierno de Cristina Fernández dispuso la reasignación de algunos recursos de la coparticipación parta cubrir algunas cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Las provincias de Santa Fé, Córdoba y San Luis, opuestas al mandato de ese momento iniciaron un juicio que en el año 2022 la Corte Suprema macrista terminó pautando en el caso de los santafesinos, en $ 151.000 millones de los que los abogados se llevan el 10 %.
El Diputado Eduardo Toniolli denunció que el ex Gobernador Hermes Binner (fallecido en 2020) contrató en forma directa (sin licitación ninguna como corresponde en la administración pública) a los estudios de Rosenkrantz-Bouzat y al de Ricardo Gil Lavedra. Estos lograron que en 2022, catorce años después de iniciada la demanda, el Estado Nacional deba pagar una multimillonaria cifra.
Según Kollman y Hauser, el pedido de autoregulación de Rosenkrantz ocurrió en 2017 y no sería la única causa. El supremo fue desigando por decreto del ex Presidente Mauricio Macri y se había destacado como defensor de las empresas del Grupo Clarín.
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