EDITORIAL – LAWFARE | Ante la corrupción judicial el Indulto empieza a imponerse a pesar de la negativa de Fernández.

Redaccion enero 10, 2021 0 Comment

Por Daniel do Campo Spada.-
(TV Mundus)

En medio de la guerra judicial (“lawfare”) iniciada por el régimen macrista el jurista argentino de prestigio internacional Raúl Zaffaroni sugirió que llegó el momento de aplicar los indultos. Más de un año de haber recuperado la democracia en diciembre de 2019 y aún hay más de una decena de presos políticos.
Zaffaroni, quien fue el más brillante integrante que alguna vez tuvo la Corte Suprema argentina y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió que ante la desidia del máximo Tribunal, que no quiso ni revisar la apelación hecha por el ex Vicepresidente Amado Boudou llegó el momento del indulto.
Como si se le diera autoridad al régimen en enero de 2021 el Presidente Alberto Fernández negó que fuera a apelar a una amnistía para con los presos políticos como le pidió el jurista Raúl Zaffaroni, de reconocido prestigio internacional. El Inciso 5 del Artículo 99 del Capítulo III (Atribuciones del Poder Ejecutivo) de la Constitución Nacional indica que el Primer Mandatario “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
Fernández se ha defendido diciendo que él prometió en campaña y va a cumplir con una necesaria reforma judicial ya que es el Poder dentro del sistema republicano que ha permanecido con rémoras monárquicas. Y precisamente el Presidente considera que aunque la Constitución lo habilita la posibilidad de conmutar penas es precisamente anti-republicano.

En la última actividad del año 2020 la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación entregó el Informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia que presidió el Diputado Leopoldo Moreau hizo sobre la Dirección de Asistencia Jurídica de Delitos Complejos (DAJUDECO) desde donde el régimen de Mauricio Macri persiguió a opositores. La investigación, que ha cruzado datos de distintas fuentes demostró la complicidad de la Corte Suprema y el Juez Irurzun con las Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducía Gustavo Arribas. Es la punta del ovillo de la guerra judicial desatada cuando en diciembre de 2015 Argentina perdió la democracia. Tras escuchar el Informe final de entrega a la Vicepresidenta Cristina Fernández a cargo del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Senador Oscar Parrilli (una de las principales víctimas de la persecución política) lo calificó como la “Gestapo judicial” del macrismo.

Todo comenzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre, sacando la Oficina de Escuchas (llamada por algunos como “la Oreja”) del ámbito de la Procuraduría de la Nación que ese momento presidía Alejandra Gils Carbó, a quien el régimen quería (y lo logró unos meses después) sacar de su cargo. La Casa Rosada lo llevó a la Corte Suprema, donde cinco días después, el 29 de diciembre de 2015, creó la DAJUDECO. El Juez Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal armó una estructura que estuvo lista a mitad de febrero de 2016. A su cargo debía estar un camarista que surgiera por un sorteo entre otros cien.
Moreau mostró que los diarios La Nación, Clarín y Perfil, cercanos y sostenedores al régimen, ya daban por cierto que el responsable sería el Juez Martín Irurzun quien en un extraño sorteo manual salió “ganador”. Eso lo habilitaba para conducir esa suerte de cuerpo de “policía judicial” por un año. Cuando al año se debía realizar la renovación, el Diputado peronista Rodolfo Tailhade pidió estar presente en el sorteo de renovación. Ser integrante por la minoría en el Consejo de la Magistratura lo habilitaba. La respuesta de la Casa Rosada fue un nuevo DNU que prorrogó la permanencia de Irurzun por otros tres años, es decir, hasta el final del régimen. Al mencionado se lo vio tomando café con Fabián Rodríguez Simón (conocido como “Pepín”), uno de los operadores de la llamada “mesa judicial” que el PRO tenía para investigar causas.

El mecanismo preferido para espiar a los opositores era inventar una “pre-causa”, mecanismo por el cual la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) inicia una investigación incluso antes de que exista una orden judicial. Llegado el momento, se pide el aval de un Juez. Eso fue lo que hizo el Juez Federico Villena de Lomas de Zamora para “blanquear” algunas de las acciones de la AFI. De esa manera espiaron durante 290 días a Oscar Parrilli (ex Director de la AFI y mano derecha de Cristina Fernández) y al Instituto Patria entre otros espacios. Muchas de esas escuchas se filtraban hacia los medios de comunicación de ultraderecha (Clarín, La Nación, Perfil e Infobae) y luego eran difundidos en medio de un show mediático que completaba la escena.

La Corte Suprema de Justicia, en la época en que era presidida por Ricardo Lorenzetti fue la primera complicidad y luego, por supuesto, todo siguió igual (es decir, peor para la democracia) con la Presidencia de Carlos Rozenkrantz, el abogado de Clarín que Macri intentó poner por Decreto. El armado de causas es la vertiente que involucra a los servicios de inteligencia (AFI) que conducía Gustavo Arribas, la mano derecha de Macri (“el más vivo de mis amigos” decía a diestra y siniestra el ex mandatario). El entramado es muy amplio, en una maquinaria perversa que fue destinada a perseguir a la oposición.
Con toda esta información se espera que todo siga un curso judicial, aunque es sabido por todos que los tribunales no son un espacio de imparcialidad. Desde el régimen macrista en adelante, la contaminación que se ha desparramado en sus despachos y pasillos lo ha convertido en el Poder de la República más desprestigiado y ajeno a los intereses populares.

El dilema es que tampoco ha sido republicano el proceder del régimen. En cada acción el régimen ha violentado la ley con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), armando causas e inventando situaciones. Fue un verdadero latrocinio antidemocrático, mientras que el indulto está en la Constitución. Ellos lo habrían usado, como por ejemplo lo usó Carlos Menem indultando a los genocidas.

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