Por la crisis colapsan los comedores sociales en España

(TÉLAM).- La crisis económica y el elevado desempleo están provocando un aumento de la exclusión y del número de personas que en España necesitan acudir a los comedores sociales, que ya no dan a basto ante la afluencia de los nuevos pobres.
También está cambiando el perfil de personas que se ven obligadas a pedir ayuda básica de subsistencia: disminuyen los inmigrantes y, en cambio, aumentan los españoles.
Más de 5,6 millones de desocupados y una recesión que no parece tener fin, es el escenario de fondo este drama social que no es tan fácil de advertir en las calles, pero que la saturación de los servicios sociales convierte en evidente.
El caso de Barcelona es uno de los más alarmante, ya que en los comedores municipales hay lista de espera de hasta tres meses, según denuncian usuarios y personas que trabajan como voluntarios en los servicios sociales.
La situación es también crítica en Madrid y, sobretodo, en Servilla, sur del país, donde el desempleo está haciendo estragos y miles de personas, familias enteras, dependen de la caridad y de una red de solidaridad de instituciones –en su mayoría dependientes de la Iglesia- para subsistir.
“La crisis se nota también en los comedores”, afirmó a Télam Juan, un usuario del comedor municipal del céntrico barrio de Poble Sec de Barcelona, desbordado por la demanda de ayuda.
Este hombre de 43 años, que se dedicaba a cuidar ancianos, lleva dos años desempleado y más de un año acudiendo al comedor: “esto es más que una ayuda, aquí no te dan dinero, es solo un plato de comida”, asegura.
“Para que puedas venir a comer tienes que pasar por la asistente social, y tardan dos o tres meses en autorizarte y darte un carnet”, explica por su parte Francisco Pérez, ex trabajador de la construcción de 55 años.
“Vengo aquí desde hace seis o siete meses. Tenía unos recursos económicos que había ahorrado, pero después de ayudar a mis hijos y quedarme sin trabajo, no tuve más remedio que venir al comedor”, sostiene resignado.
“No solo yo, miles de personas se encuentran en la misma situación. Cada vez se ven más españoles, al principio venían más extranjeros, pero ahora están viniendo personas que se han quedado sin recursos, y ésta es su última tabla”, remarca.
Desbordados por la crisis y afectados por los recortes presupuestarios, los servicios sociales oficiales son incapaces de absorber la demanda de ayuda. El agujero, por ahora, lo cubren las ONG y otras entidades sin fines de lucro.
“Los comedores sociales están colapsados, a la gente le dan plaza para entro de tres meses o un vale para comer sólo tres veces. Hay lista de espera en todas partes”, explica a Télam Xavier Solé, director del comedor y centro de acogida el “Caliu”, que depende de varias parroquias en el barrio de Horta.
Este comedor, que se nutre mayormente de las ayudas de los comerciantes de la zona, nació hace dos años al calor de la crisis y ante la evidencia de las dificultades que empezaban a afrontar los vecinos del barrio.
Cada día dan desayunos a unas 100 personas, y los fines de semana pueden llegar a atender hasta 170. “Si no pusiéramos freno, tendríamos unas 250 personas, pero el lugar es pequeño”, dice Xavier, quien se ve obligado a enviar a algunas personas a otros centros porque están “sobrepasados”.
“Tenemos gente de 65 nacionalidades diferentes, al principio venían muchos inmigrantes, un 70% frente a un 30% de gente local, pero últimamente, desde hace unos 5 meses, a raíz de la crisis y la nueva pobreza, vienen muchos de la zona”, cuenta Xavier.
“Para ellos es una vergüenza, porque es gente que hasta hace dos años estaba trabajando, aunque podían tener sus problemas. Pero el desempleo es un drama, las familias se desintegran y algunos terminan en la calle”, apunta el director del comedor.
Según su descripción, muchas de las personas que acuden al centro “tienen problemas de depresión, drogas, alcohol, u otras patologías”, que se multiplicaron por la crisis.
Josep Vives, usuario y voluntario en el Caliu desde hace menos de un año, cuenta a Telam que acudió al comedor por “problemas familiares relacionados con lo que pasa en la actualidad, la crisis”.
“Tuve un momento crítico y me quedé sin recursos”, dice este hombre de 60 años, sin revelar más detalles de su situación personal.
En general los usuarios de los comedores son hombres, de todas las edades, que perdieron vínculos familiares, que están solos, por eso hay muchos inmigrantes, pero al comedor también acuden familias enteras.
“Todos tenemos el vicio de comer cada día, por eso llega el momento en que la gente pierde la vergüenza y viene”, apunta Xavier.
“En el caso de las familias o personas que aún tiene un hogar, les damos comida, alimentos, para que puedan cocinarse”, remarca.
El director de este centro catalán afirma que cuando una persona acude al asisten social tiene que hacer un trámite y pueden pasar varios días hasta que reciben alimentos y otro tipo de ayuda. Por eso, para superar ese bache de tiempo, el Caliu les da un “Kite de supervivencia”.
Todo esto es posible gracias a una red de solidaridad vecinal, desde los comerciantes de la zona que aportan desde pan y embutidos, hasta donantes anónimos y los colegios del barrio que hacen recolección de alimentos.
Muchos comedores sociales dependen de Caritas, organización dependiente de la Iglesia, que afirma que en los últimos 5 años se triplicó el número de personas a las que suministró ayuda, que pasó de 370.251 en 2007 a más de un millón (1.015.276) en 2011, es decir, un 174% más.
Según un informe publicado esta semana por la organización, cerca de medio millón de personas ya sufren pobreza crónica en España, tras cuatro años de crisis económica

España: Más presión sobre los “sin papeles” tras exclusión sanitaria

A dos semanas de su entrada en vigor, la norma que recorta los derechos sanitarios de los inmigrantes “sin papeles” en España sigue generando incertidumbre, y dejó en evidencia el riesgo que supone para la salud y exclusión de estas personas.
La reforma sanitaria del gobierno de Mariano Rajoy, vigente desde el pasado 1 de septiembre, excluyó a los inmigrantes indocumentados varones y adultos del sistema sanitario quitándoles la “tarjeta sanitaria”, con lo que estas personas sólo pueden acceder al servicio de urgencias.
La mayoría de las comunidades, gobernadas por el derechista Partido Popular (PP), dijeron que cumplirían con la ley, pero el País Vasco y Andalucía, en manos de los socialistas, se declararon insumisas y otras, como Cataluña, seguirán atendiendo a los inmigrantes pero con condiciones..
La polémica medida es rechazada por muchos ciudadanos españoles que consideran que al dejar sin atención a los inmigrantes “sin papeles” se están violando sus derechos humanos y poniendo en riesgo la salud de todos.
Otros comparten la versión oficial de que la medida permitirá combatir el “turismo sanitario”, es decir, a los extranjeros que utilizan los servicios sanitarios de los españoles de forma gratuita y luego se van.
Los propios inmigrantes, que son los afectados, entienden que la decisión del gobierno es grave y puede derivar en situaciones dramáticas. (TÉLAM).-