EDITORIAL – Política | La estructura del régimen de Macri quedó al desnudo.

Alonso_MacriPor Daniel do Campo Spada
(TV Mundus)

El último día de junio de 2020 no ha sido un día más. En una decena de operativos fueron detenidos ex funcionarios y agentes secretos del régimen macrista. Los allanamientos a las propiedades de Darío Nieto y Susana Martinengo aceleró los plazos. El primer juez de la causa (recusado posteriormente) detuvo a 22 hombres de Mauricio Macri. De a uno se fueron quebrando y señalando hacia arriba, más precisamente hacia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani las personas que el régimen de 2015-2019 puso al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde allí se inventaron causas judiciales y se es espiaba a los opositores.
TAPA_ECO_Digital_92 Cuando Alan Ruiz, Jefe de Operaciones Especiales armó un grupo llamado Súper Mario Bros sabía que su misión era espiar a los opositores, preferentemente peronistas, dirigentes sindicales, periodistas y hasta empresarios que no se plegaran a los caprichos del gobierno nazi. Por eso, en la posdemocracua se dedicaron a juntar material que luego era llevado a una “mesa judicial” que se dedicaba a apretar a fiscales y jueces que fueran funcionales. En ese armado que empezaba en el fallecido y misógino Juez Claudio Bonadío terminaba en los impresentables Grupos Clarín y La Nación con sus fantoches a sueldo Jorge Lanata, Daniel Santoro y Luis Majul entre otros.
Los agentes creían estar seguros, hasta que en 2020 un narcotraficante que trabajaba para ellos dijo que el fallido atentado contra José Luis Vila había sido encargado por el propio Gustavo Arribas, mano derecha de Macri que incluso vivía en su Departamento de la Avenida Libertador. Otro quebrado fue el Abogado Melo quien también era parte de la banda armada desde la Casa Rosada.
A la casa de Gobierno de Balcarce 50 fueron personalmente en doce oportunidades. Allí los recibían Darío Nieto o Susana Martinengo. El primero era su secretario privado e iba con él a todos lados, incluso cuando en el auto presidencial solo estaba Juliana Awada, su actual esposa. El día que el Juez Villena ordenó un allanamiento en cuatro de sus propiedades se encerró en el auto y comenzó a borrar los mensajes que lo comprometían a él y al propio Macri. Su teléfono consta en la causa aunque permanece en libertad.
El líder del PRO negó conocer a Susana Martinengo aunque ella es la Secretaria de Documentación desde que la ultraderecha tomó el poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007. Su rol era el de manejarle y filtrar las entrevistas y la correspondencia. Imposible no conocerla cuando incluso durante doce años estuvo a dos despachos de distancia. Algunas fotos desmienten al multimillonario. Incluso en una charlan distendidamente con su hija Antonia sobre sus piernas. Ella era la que les transmitía a Alan Ruiz, jefe de la banda “lo que quería el Uno”. En su casa, en los allanamiento del 28 de junio de 2020 la secretaria conservaba mil quinientas carpetas con los informes de espionaje.
Cuando el Juez Federico Villena (ahora reemplazado por su colega de los Tribunales de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge) decidió empezar a mover la causa se creó inmediatamente una Comisión Bicameral en el Congreso. Ante ella, presidida por el Diputado Nacional Leopoldo Moreau el agente del Grupo Súper Mario Bros admitió todo. Desde que armaron un espionaje el agente Jorge Sáez, alias “turco” empezó a decir todo lo que sabía porque temía que los agentes macristas para los que había trabajado lo mataran. A las 72 horas lo detuvieron junto a los otros 21 implicados. Allí dijo que Alan Ruiz había armado todo y que en algunas ocasiones era Fernando De Andreis quien los recibía.
Banner_espionaje_ilegal El principal objetivo del espionaje ilegal prohibido por la Ley de Inteligencia era Cristina Fernández, la principal dirigenta del país. Por eso pusieron un auto Volkswagen Voyager (chapa NNV 687) en la vereda de su Instituto Patria. Durante las 24 horas dos agentes fotografiaban a todos los que entraban y salían, al tiempo que pinchaban los teléfonos celulares de la cuadra. Cuando los militantes peronistas se dieron cuenta, hicieron la denuncia. Para ello el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito de los agentes, basado en un informe que la propia AFI le dio. La excusa era que estaban previniendo un posible atentado terrorista en los días previos al G-20. Ese falso informe fue redactado por Martín Coste, Jefe de Contrainteigencia bajo el dictado de Juan Sebastián De Stéfano (Jefe de Asuntos Jurídicos de la Agencia). A la Comisión Bicameral le agregó que todo había sido orden de Ruiz, el hombre de Macri.
El caso de Martín Coste indica hasta donde los agentes sabían que estaban fuera de la ley. Su antecesor como Jefe de Contrainteligencia dijo que se negaba a perseguir opositores. Para que no hablara Diego Dalmau Pereira fue destinado a Chile, “país amigo para el macrismo”. Cuando el ahora arrepentido (aunque no tiene esa figura en la causa) quiso abandonar el armado, la número dos de la AFI, Silvia Majdalani (llamada “Señora 8” en la jerga de la Inteligencia) le dijo que era un estúpido y que le convenía quedarse donde estaba. La amenaza habría sido peor. Alan Ruiz, ex Policía de la Ciudad (fuerza creada por Macri en la CABA) tenía una conducta desbocada y violenta. Con facilidad trataba a su subordinados de “pelotudos” o “forros”.
Cuando le tocó declarar ante el Juez Auge, Ruiz (primer detenido en la ahora megacausa) dijo que todo lo ordenaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por lo que él interpretaba que no estaban haciendo nada fuera de la ley. Su abogado esgrime que no es alguien muy ilustrado y que probablemente no se haya informado de los alcances legales de los seguimientos. Algo difícil de imaginar cuando incluso “alambraron” (poner micrófonos cultos) el Penal de Ezeiza donde llevaban a los presos políticos del régimen. Cuando alguien iba a visitarlos les pinchaban los teléfonos con un software espejo y pasaban a ser inspeccionados. Las escuchas se hacían desde una casona ubicada en Varela y Bonifacio en el barrio de Flores. Esa central era llamada “Área 50” y estaba fuera de las oficinas de AFI. Todos los vecinos identificaron esa vivienda como perteneciente “a la policía” sin discriminar si era la Federal o la porteña.

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