Macri decretó la impunidad de Clarín y La Nación en la CABA.

Por Daniel do Campo Spada.

La derecha empresario-política necesita embarrar la cancha ante la desesperación de no poder articular una línea coherente que encante al electorado. Al igual que en el fútbol, cuando uno no es hábil solo queda hacer correr los minutos tirando la pelota afuera. Eso es lo que ha hecho el multimillonario y procesado Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri al promulgar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 2/13) por el plazo de treinta días hasta lograr que la Legislatura Porteña (en la que tiene mayoría automática gracias a la alianza con Coalición Cívica) la convierta en Ley. En ella, en postulados infantilmente anticonstitucionales prohibe las huelgas, el cobro de deudas fiscales, el participar de asambleas en las que el Estado Nacional tiene acciones y otras barbaridades jurídicas que solo dejan en ridículo (una vez más) a un titular del Poder Ejecutivo porteño que parece no filtrar lo que le ordenan.
El DNU comienza con un título (“Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires”) que remite a una situación inexistente en el país pero que los medios oligopólicos comenzaron a construir desde el domingo 12 de mayo cuando el editorialista del diario La Nación Joaquín Morales Solá (sospechado de connivencia con la dictadura militar) advirtió que el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández preparaba una intervención al oligopolio Clarín para sacar de todos lados al showman televisivo Jorge Lanata. Ese mismo día, en su programa “Periodismo para Todos” apareció vestido de smoking (“porque este país es una joda”) y siguió intentando sembrar dudas sobre la existencia de una bóveda en la casa de Néstor Kirchner en la que según él (pero negado por el propio arquitecto) esconden miles de millones de euros fruto de la corrupción. Al terminar, con música de fondo y un primer plano novelesco dijo con voz actuada “no sé si voy a estar el próximo domingo, pero si no estoy, hagan algo. No me importa si son empresarios, uniformados o quien sea, pero hagan algo”. A los dos días, Mauricio Macri emitió el mamarracho del DNU (firmado por el propio MACRI y los Ministros del PRO Reybaud de Salud, Montenegro de Seguridad, Grindetti de Hacienda, Stanley de Acción Social, Bullrich de Educación, Lombardi de Cultura, Santilli de Espacio Público, Chaín de Infraestructura, Ibarra y Rodríguez Larreta Jefe de Gabinete).
mencionado. Habíamos alcanzado la cuadratura del círculo.
Tras una enumeración de las leyes nacionales, la propia Constitución y los pactos internacionales que garantizan la libertad de expresión, el texto leido (con gran dificultad oratoria a consecuencia de implantes dentales que le complican la respiración) dice: “el artículo 47 dispone en lo pertinente que “La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas”1.” Hasta aquí estaríamos ante la principal contradicción de la derecha, que reprime a balazo limpio a los periodistas en el derrumbre violento del Hospital Borda días antes y desconoce al Ley 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que busca ese objetivo en la diversificación y democratización de la palabra.
Una hoja después el DNU insiste con la historia inventada por los medios hegemónicos al agregar “Que las recientes restricciones a la libertad de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar y recibir información, sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las demás libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen en un serio obstáculo a la deliberación pública abierta, no discriminada, vigorosa y desinhibida”2.
En la parte dispositiva, comprendida como Anexo I (esta parte no se publicó en internet) prohibe las huelgas de personal, las inspecciones fiscales, los embargos bajo cualquier figura y la participación de accionistas estatales (sin la expresa autorización de los accionistas privados). De esa forma viola la legislación nacional en aspectos fiscales, laborales y hasta constitucionales decretando de facto una autonomía que la Ciudad de Buenos Aires no dispone ya que sería equivalente a la de un Estado independiente o paraiso fiscal. La idea es que el ANSES en tanto dueño de acciones incluso del Grupo Clarín (9 %) o bien las cautelares que protegen a La Nación para no pagar deudas fiscales desde hace diez años sigan en ese estado de impunidad amparados en una pertenencia geográfica al distrito capital.
A las pocas horas legisladores porteños de la oposición comenzaron a presentar impugnaciones ante una Justicia que a todas luces defiende las corporaciones y logias internas que temen la democratización impulsada por la Presidenta Fernández y que por ello no dudan en apoyar cualquier desplante legal cometido por sectores de derecha o golpistas.

do Campo Spada, 2013 (C)
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MAYO 2013-05-17
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