La Comisión Provincial por la Memoria le responde al Ministro Casal.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alcalde mayor Ricardo Casal, agredió a la Comisión por la Memoria mediante declaraciones publicadas por el diario Clarín en el día de ayer. Una vez más –según su estilo- ha tratando de confundir a la opinión pública con sus dichos falaces.
La diversidad, pluralidad, compromiso militante e independencia de los miembros de nuestra institución está en la esencia de su constitución y ello garantiza su total autonomía frente a todos los gobiernos. La trayectoria por más de diez años demuestra este andar innegociable en la defensa de los derechos humanos en el marco normativo que surge de la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.
El aporte documental que realiza la CPM en base a los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense opera como idóneos elementos probatorios que sirven para desentrañar el plan criminal de exterminio y lograr la condena de los genocidas sometidos a juicio. La política educativa que desde hace diez años se desarrolla con jóvenes del ámbito provincial ha posibilitado que miles de estudiantes interactúen con el pasado en el presente para proyectar la memoria hacia el futuro. Más de 6000 jóvenes brindan anualmente su trabajo y creatividad bajo la conducción del área específica de la CPM en el Programa Jóvenes y Memoria. Se rescatan historias de vida y los sucesos de los pueblos y ciudades del territorio de la provincia de Buenos Aires.
En el Museo de Arte y Memoria de la CPM se exponen obras de los mejores artistas de la Argentina y las muestras recorren la provincia sirviendo de instrumento para generar una mirada crítica y comprometida desde la cultura, respecto a la vulneración de derechos y su defensa. Es educar por el arte.
La Comisión por la Memoria monitorea los lugares donde hay personas detenidas (cárceles, comisarías, institutos de menores) y pese a las restricciones, obstáculos y prohibición de registros fílmicos y fotográficos que estableció el Ministerio de Justicia y Seguridad. Cada año se realizan más de 100 visitas a lugares de detención, se recibe a familiares de detenidos y se realizan trámites judiciales para atender las sistemáticas violaciones a los derechos humanos del estado provincial. Durante 2010 se presentaron 1220 acciones de habeas corpus y denuncias por violencia institucional sobre los detenidos. Un informe anual da un cuadro de situación y ha servido de base para denuncias nacionales e internacionales por incumplimientos rotundos de la legislación vigente por parte del gobierno provincial en el área de seguridad y justicia.
La Comisión por la Memoria es parte fundadora del Acuerdo para la Seguridad Democrática y ha criticado la gestión basada en la demagogia punitiva y la autonomía policial que encarna el ministro Ricardo Casal como expresión acabada de la mano dura y de impunidad para la corrupción institucional de las fuerzas policial y penitenciaria. Pero no nos quedamos en la descripción del cuadro de situación sino que hemos diseñado un conjunto de propuestas para mejorar la seguridad y la justicia de la provincia de Buenos Aires basadas en la recuperación de la gestión civil sobre las fuerzas de seguridad, en la transformación profunda de la policía y el servicio penitenciario –cumpliendo con protocolos internacionales en la materia-, la creación de una Policía Judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia.
Las declaraciones del ministro Casal pretenden descalificar a la CPM, pero en realidad muestran su propia ideología, su concepción del poder y la pretensión de manejar los fondos públicos como si fueran propios. El ministro Casal cree que si una institución tiene asignados fondos públicos debe disciplinar su comportamiento a los deseos del gobierno. La obsecuencia y la sumisión parece ser la regla vertical que rige su gestión. Malversando fondos podrá comprar otros silencios.
Nuestra Comisión Provincial por la Memoria no es un sujeto complaciente y aplaudidor de cualquier gestión. Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad de las personas y la defensa innegociable de los derechos humanos de cualquier hermano que los vea quebrantados por agentes del Estado.
La colérica reacción del ministro Casal se da porque no acepta que una institución representativa y plural sea tan intransigente en la lucha por la vigencia de los derechos humanos de todos y todas, que la CPM haya denunciado los pactos con la corporación uniformada, y que haya demostrado que la demagogia punitiva y la autonomía policial no sólo son contrarias al estado de derecho sino un fracaso respecto a la seguridad de los vecinos de la provincia, mientras ocultan la vigencia de nichos de corrupción y redes delictivas donde participan policías, hasta reclutando menores para delinquir.
Con respecto a la masacre de José León Suárez, reiteramos nuestra posición. No alcanza la tardía separación transitoria de los sospechados de las muertes crueles y vanas. Hay que cambiar de fondo la política de seguridad del gobierno que instala la idea de que los niños, jóvenes y adultos pobres y excluidos tienen menos derechos y que son los responsables de la inseguridad. Esas políticas son las responsables últimas de que tantos uniformados se sientan habilitados a disparar contra ellos porque creen que su vida no vale nada. Y lo hacen, además, sabiendo que cuentan con la impunidad que les garantiza esta política. La seguridad pública que lleva adelante el ministro Casal parece fuera de curso, por fuera de una política pública de seguridad democrática.
Ante el agravio ocasionado, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires solicita al gobernador Daniel Scioli que exija la retractación de su ministro en el área de justicia y seguridad por las procaces manifestaciones publicadas. La CPM merece ese mínimo acto reparador ante la afrenta ocasionada a nuestra institución y sus miembros.