A 37 AÑOS DEL GOLPE, EL PODER JUDICIAL Y LA DEUDA PENDIENTE CON LA DEMOCRACIA

Buenos Aires, 23 de marzo (Télam, por Liliana Valle). Un juez condenado por crímenes de lesa humanidad, un fiscal procesado y un puñado de funcionarios judiciales investigados por su complicidad con la dictadura cívico militar por acción u omisión, impactan como una deuda pendiente del Poder Judicial con la democracia, a 37 años del golpe de Estado y a 30 de la recuperación de las instituciones.
El ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa, es hasta hoy el único condenado por la justicia por participar en sesiones de tortura de detenidos durante la última dictadura, siendo por entonces empleado judicial.
Brusa fue condenado el 21 de diciembre de 2009 a 21 años de prisión por ocho casos de apremios ilegales y participar en interrogatorios bajo tortura en los que les aplicaba golpes de karate a los detenidos y se los quemaba con cigarrillos.
En tanto, el ex fiscal Gustavo Demarchi, fue procesado en octubre pasado con prisión preventiva en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976, como integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A.
El juez Santiago Inchausti le imputó los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado en perjuicio de seis víctimas. Extraditado desde Colombia, donde fue detenido por Interpol, Demarchi está acusado junto a otros civiles de los asesinatos de militantes de la Juventud Universitaria Peronista marplatense cuando se desempeñaba como fiscal federal entre 1975 y 1976.
También están procesados por la justicia el ex fiscal federal Antonio Cornejo, el ex juez federal Miguel Angel Puga y el ex secretario federal Carlos Otero Alvarez, por el delito de “incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal” en la tramitación de causas donde resultaron víctimas personas detenidas durante el terrorismo de Estado y que se encontraban a disposición de la Justicia Federal de Córdoba.
Y en Santiago del Estero, los ex jueces federales Horacio Liendo Roca y Santiago Olmedo, se encuentran procesados aunque siguen sin prestar declaración indagatoria, tras la decisión de la Cámara de Casación Penal de revocar el sobreseimiento del que gozaban por considerar que los delitos de los que se los acusa son de “lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptibles.
En otra instancia se encuentra el camarista mendocino Luis Miret, quien fuera destituido en forma unánime por Jury de Enjuiciamiento en marzo de 2011 por “mal desempeño” en sus funciones como juez subrogante, al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición en 1976. El ex juez fue encontrado culpable por no actuar conforme a la ley vigente ante los delitos cometidos por grupos de tareas de la policía mendocina contra un grupo de militantes y delegados sindicales secuestrados en febrero de 1976 y llevados al D2 de Mendoza donde -según relataron en el jury- fueron sometidos a violaciones reiteradas, torturas y otros delitos. Actualmente, Miret es investigado por la justicia penal de Mendoza por la posible comisión de delitos ocurridos antes de la última dictadura cívico-militar.
Otro magistrado acusado, pero sobre el que aún la justicia no dictó procesamiento es Otilio Romano, destituído a fines de 2012 por no investigar 103 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar actuando como fiscal. En su sentencia el Jurado lo acusó de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 -con la Triple A- y durante la última dictadura. Romano se encuentra bajo la figura de “arraigo” y con detención domiciliaria nocturna en Chile, a donde huyó en septiembre de 2011 tras ser considerado “prófugo” de la justicia en momentos en los que el Consejo de la Magistratura lo destituía y ahora se espera la decisión de la justicia chilena para extraditarlo.
El juez de Mar del Plata, Pedro Federico Hooft, también fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento hace pocos días, acusado desde 2006 por participar de delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad. A Hooft se lo acusa, además, de tener relación directa con los ex Jefes de la Sub Zona Militar 15 a cargo de la represión en Mar del Plata, a la cual le remitió las denuncias por las desapariciones de abogados marplatenses para que fueran investigadas.
En tanto, el juez de la Cámara de Casación Penal Wagner Gustavo Mitchell se anticipó a sentarse en el banquillo de los acusados porque en 2011 renunció al cargo mientras era investigado por la entrega irregular de un bebé hijo de una desaparecida uruguaya durante la dictadura y por presunto “tráfico de influencias”. En la misma causa es investigado Jorge Martínez Sobrino, integrante del Tribunal Oral Federal 6, quien estuvo a punto de integrar el tribunal que condenó a represores por el plan sistemático de robo de bebés. Las última decisión de la justicia que involucra a magistrados se conoció el jueves con el revocamiento del sobreseimiento del ex juez federal de Salta Ricardo Lona, dictado por la Cámara de Casación Penal, acusado de delitos de lesa humanidad y también por “encubrimiento y prevaricato”. (Télam)