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Buenos Aires, 16 de marzo (Télam).- El ex ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, falleció hoy a los 87 años, mientras cumplía arresto domiciliario ordenado por la justicia que lo investigaba en tres causas por crímenes de lesa humanidad.
Como ministro de Economía desde 1976 y hasta 1981, fue considerado uno de los mentores intelectuales del régimen que implantó en terrorismo de Estado en la Argentina. Nacido el 13 de agosto de 1925, hijo de una aristocrática familia de estancieros vitalicios de la Sociedad Rural, fue el ministro que multiplicó por cuatro la deuda externa argentina.
Atravesado por el pensamiento de la escuela monetarista de Chicago, promovió un cambio estructural en la economía argentina que pulverizó gran parte de la industria nacional en favor de los sectores más concentrados, en especial los grupos financieros y trasnacionales.
Su plan económico anunciado el 2 de abril de 1976 incluyó el congelamiento de los salarios, que entre 1976 y 1980 cayeron un 40 por ciento y reglas de juego que estimularon la especulación
financiera. Ocupó un papel protagónico aun desde antes del golpe de estado, como él mismo lo admitió en 1984 ante la Cámara de Diputados, que investigaba la “nacionalización” dolosa de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad (CIADE).
Según su propio relato, acompañado por otros prominentes hombres de negocios, visitó al entonces general Jorge Videla “en el curso del año 1975” para decirle que “se impedía la libertad de trabajo, la producción y la productividad” y abogar por “el imperio del orden sobre todas las cosas”.
Martínez de Hoz presidía en esa época y desde 1967 el Consejo Empresario Argentino (CEA), constituido por medio centenar de grandes empresas y lobby de los principales grupos económicos.
Pasadas tres décadas, en diciembre de 2007, en declaraciones a una revista de estudiantes de periodismo de TEA, el ex ministro insistió en justificar al dictador Videla: “Tenía que defender a la
sociedad”, dijo. “Nosotros abrimos surcos, preparamos el terreno para que los gobiernos posteriores retomaran esta apertura económica”, sin una continuidad inmediata pero “que volvió con el ex presidente (Carlos) Menem”, añadió.
Para forzar tal “apertura”, promovió e integró la dictadura militar que suspendió la actividad política y sindical, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, destituyó a la Corte Suprema de Justicia, censuró medios periodísticos, secuestró, torturó y asesinó.
La represión golpeó con especial saña a los delegados obreros de las empresas que integraban el CEA, entre otras Acindar, en la localidad santafesina de Villa Constitución, de la que Martínez de Hoz había sido presidente. Por considerar delitos de lesa humanidad los hechos ocurridos durante un operativo ocurrido en 1975 en esa fábrica, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó en 2011 investigar al directorio de Acindar, incluido Martínez de Hoz, causa en la que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante.
El terrorismo de Estado ocultó y facilitó, también, negocios relacionados con el ministro de Economía de la dictadura cívico militar. En ese marco se inscribió el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim en 1976 que, en cautiverio, fueron obligados a firmar un contrato con una empresa de Hong Kong por el cual él tenía intereses. El otro caso paradigmático fue el del economista de origen español Juan Carlos Casariego de Bel, un funcionario de alto rango en el ministerio de Economía que se oponía a “nacionalizar” la CIADE pagando un precio muy superior a su valor real. Martínez de Hoz era director de CIADE desde 1969 y varios de sus colaboradores y sucesores en el ministerio de Economía estaban también vinculados a esa compañía. Casariego de Bel desapareció en la noche del 15 de junio de 1977, cuando debía reunirse con Walter Klein, secretario de Martínez de Hoz, quien se negó a intervenir tras el secuestro, según denunciaron los familiares del economista.
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en marzo de 2008 como querellante por “homicidio y asociación ilícita” en el asesinato de Casariego de Bel. La causa más reciente que salpica al cerebro económico del golpe cívico militar es la que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, y en la que se investiga la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa durante la dictadura cívico militar por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
La secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y solicitó al juez la citación a indagatoria y la prohibición de salida del país de Martínez de Hoz; la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO, Héctor Magnetto; el presidente del diario La Nación, Bartolomé Mitre; el represor Jorge Rafael Videla, entre otros.
“No digo `adiós`, sino `hasta luego`, fue la frase con la que se despidió de su cargo antes de dejar el ministerio a Lorenzo Sigaut, en 1981, casi como una amenaza. (Télam).-