Revista ECO INFORMATIVO nº 87 | ¿FRAUDE ELECTORAL en Argentina?
Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus)
El régimen de Mauricio Macri está cumpliendo sus últimos meses en función a la toma del poder por las urnas en diciembre de 2015, pero no parece muy dispuesto a cederlo. Para ello hará un nuevo intento de fraude en el sistema electoral. A los intentos hechos por el ex Ministro Ibarra de traer computadoras “tocadas” bloqueado oportunamente por la oposición ahora se agrega la instrumentación de la transmisión de datos hackeable denunciada por expertos informáticos como Ariel Garbaz y Javier Smaldone. La empresa Smarmatic, que hizo ganar a Juan Guaido en Venezuela ahora buscaría asegurar la continuidad del PRO en la Casa Rosada.
Quedaba descartado que la ultraderecha no abandonaría el poder en forma tan fácil. A la campaña sucia contra la oposición que han comenzado junto a los medios de comunicación oligopólicos se agrega ahora la certeza de alterar los resultados en las Primarias de Agosto y en las Generales de Octubre.
Samarmatic fue la peor calificada en la licitación técnica, pero el Gobierno la eligió para encargarse del envío de los datos de las urnas hasta el centro de cómputos que como siempre estará en el Correo Argentino. El 29 de junio y el 20 de julio se realizaron sendas pruebas secretas al margen de observadores de la oposición. Allí se vio que fallaron las transmisiones que reemplazan a los telegramas de papel demoraron más de lo normal. En una prueba piloto con 3.000 escuelas en las que participaron 15.000 personas, la demora de los resultados sería equivalente a que a las cuatro de la mañana del día siguiente al comicio aún no se supieran los resultados. Se busca repetir la escena de las PASO parlamentarias de 2017 cuando la que había ganado en la fórmula para Senadores era la lista de Cristina Fernández, pero la televisión esa misma noche y la tapa de los diarios al día siguiente mostraban celebrando a los jerarcas del PRO. El verdadero conteo se supo un mes después, demostrando que el resultado era el contrario.
La Dirección Nacional Electoral no se ha expedido al respecto, pero sí lo ha hecho el Partido Justicialista que encabeza la alianza Frente de Todos que impulsa la principal pre-candidatura de la oposición con la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández. El primero en manifestarse fue el apoderado del Partido. En abril de 2019 Jorge Landau denunció que no tenían acceso al código del software que manejaba el régimen de cara a los comicios. Por lo tanto ningún expert informático de la oposición lo había podido estudiar. Las “fallas” que se filtraron de las pruebas piloto dejan la puerta abierta a la desconfianza. Por eso el frente pidió la anulación a la DNE que suspenda cualquier modificación a un sistema que se utilizó desde 1983.
Ante tamaña desconfianza el Sindicato de Choferes de Camión que conducen Hugo y Pablo Moyano anunció que desplegarán fiscales propios en todo el país ante el claro intento de alterar los resultados por parte de los macristas. En la reunión que Alberto Fernández tuvo con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) el 16 de julio el tema estuvo en la mesa y otros gremios con despliegue territorial nacional podrían seguir la iniciativa del camionero.
Los bloques parlamentarios Frente para la Victoria (FPV), Frente Renovador (FR) y Red por Argentina junto a los Partidos Justicialistas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, junto a Alejandro Rodríguez de Consenso Federal (de Roberto Lavagna) manifestaron su preocupación por el procedimiento. El Presidente de cada mesa lleva la urna abierta hasta el centro de cómputos desde donde carga los datos provisorios en una planilla electrónica que automáticamente se indexa en la base de datos del Correo. Allí está el nudo.
En la Sala de Conferencias del Congreso de la Nación, Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría y Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que el régimen quiso hacer varias modificaciones que fueron desde el fallido desdoblamiento de los comicios bonaerenses y nacionales, la suspensión y restauración de las listas colectoras, decretos reglamentarios cambiados y la peligrosísima transmisión de datos de la que venimos hablando. Por eso el Justicialismo redoblará la tarea de fiscalización en una magnitud nunca vista. Por primera vez en los últimos ochenta años se cree que se podría volver a las trampas propias de los gobiernos de finales del siglo XVIII y el principio del XIX en Argentina.
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