TRABAJADORES – Régimen | La intervención macrista del SOMU. Robo, escándalo y corrupción.
Con la connivencia del Juez Canicoba Corral la cartera de trabajo intervino un gremio que no le era afín. Por eso entre las primeras acciones hechas para el regocijo de los medios de comunicación hegemónicos detuvieron a Omar Suárez el último Secretario General realmente elegido por los trabajadores. Para ello lo sometieron a un show de destrucción mostrando los allanamientos y sus presuntas propiedades. Nada de ese show del horror demostraba que hubiera robado dinero del sindicato pero en tiempos de justicia mediática ello no es importante.
El colega Jorge Duarte, del prestigioso sitio Infogremiales (http://www.infogremiales.com.ar/avanza-la-investigacion-contra-gladys-gonzalez-por-administracion-fraudulenta-en-el-somu/) agrega que en el primer triunvirato interventor compuesto por Gladys González (hoy Senadora Nacional de María Vidal) tuvo dos defecciones inmediatas. Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola declinaron la designación de la justicia ante el peligro de lo que estaban viendo.
El mismo periodista informa que por contratación directa hoy la jueza María Romilda Servini de Cubría investiga la contratación fraudulenta de un servicio de seguridad (Security Empresariales SRL, por $ 183.000 más IVA), de limpieza (Seicar Servicios de Limpieza S.A.) y una constructora (Amnel por $ 671.000) para la sede central y un hotel del SOMU en Villa Gesell. La contratación directa fue la metodología que invalida la transparencia que debe esgrimir una intervención.
Desde el 18 de febrero de 2016 con toda la fuerza que les daba haber llegado al poder junto a la complicidad del Juez Canicoba Corral, que acomodó al hermano de su mujer Ramiro Tejada al frente de la intervención de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), Gladys González sería la responsable de la contratación de cerca de 250 “voluntarios” de PRO, que no realizarán ninguna tarea en el sindicato, pero sí en puestos callejeros o eventos del partido de ultraderecha en el poder. El costo de estos falsos empleados sería de $ 2.000.000.000 mensuales.
En enero de 2018 el Ministro de Trabajo de la Nación y primer impùlsor de la intervención al SOMU puso como interventora delegada a Sandra Heredia, casera en la lujosa quinta que Jorge Triaca tiene en la exclusiva zona de San Isidro. La ubicó en la delegación San Fernando porque le quedaba cerca a su domicilio. El gremio de esta manera pagaba a una secretaria privada del responsable de la cartera de trabajo. Un día esta mujer se retrasó y por celular el funcionario la insultó (“sos una pelotuda”), la intimó a que no fuera más (“porque te voy a mandar a la concha de tu hermana”) y después quiso arreglarla con un acuerdo ilegal. El caso tomó estado público y no le costó el puesto por la cobertura mediática que tiene el macrismo. El Presidente Mauricio Macri lo ratificó en el cargo cuando volvió de sus largas vacaciones.
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