EDITORIAL – Derechos Humanos | Desaparición de Santiago Maldonado (PARTE V). El clamor nacional e internacional.

Por Daniel do Campo Spada

La consigna “Aparición vida ya” y “¿Dónde está Santiago” inundan los espacios públicos con multitudinarias marchas (dos en la Plaza de Mayo, en Bariloche, Esquel, su pueblo 25 de Mayo, principales capitales del mundo, etc), charlas abiertas en escuelas públicas, redes sociales y sitios web en internet y fundamentalmente en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Unidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a llamar la atención del Gobierno argentino por segunda vez en poco menos de un año. Al caso de la detención por motivos polìticos de Milagro Sala y algunos de sus compañeros se le agrega ahora este. La OEA ya estaba atendiendo la represión del 10 de enero de 2017 a instancias de una acción iniciada por “Naturaleza de Derechos” una ONG que denuncia la explotación privada de la Patagonia.
En el caso de las Naciones Unidas quien se manifestó preocupado por la desaparición, pero por sobre todo por el accionar “erróneo” del Gobierno de Macri. El Presidente del Comité de Desaparición Forzada de Personas. Su Presidente Francisco Eguiguren es el vocero que también intervino ante la Casa Rosada por el caso de Sala. Evidentemente la imagen internacional de la Argentina está muy lejos de lo que alguna vez fue.
La Diputada rionegrina María Emilia Soria del Frente para la Victoria (FPV) pidió en el Congreso que se inicie un juicio político a la Ministra Bullrich por tres hechos. El de Santiago Maldonado pero también por la desaparición y posterior asesinato del policía de Bariloche, Lucas Muñoz y la represión del 10 de enero de 2017.
La fiscal Silvia Alejandra Ávila pidió el cambio de carátula ante el Juez Guidon Otranto. El expediente 8232/2017 cambió de carátula de “paradero de N.N.” a “Desaparición Forzada”. Después de esto la propia fiscal adquirió una velocidad sorpresivamente lenta que permitió la pérdida de pruebas esenciales. No se peritó a tiempo las instalaciones ni las unidades de Gendarmería y tampoco se allanó las instalaciones de la Estancia Leleque donde Gendarmería tiene (como ya mencionamos) una base clandestina. No se rastreó el sitio a tiempo con claras intenciones de entorpecimiento. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado cree que hay un pacto de silencio entre el Gobierno y la Gendarmería.

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