PRESA POLÍTICA – Régimen | Milagro Sala y Graciela López declararon en el juicio oral que lleva adelante la dictadura de Gerardo Morales.

SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- La dictadura jujeña que comanda el Gobernador Gerardo Morales (PRO-UCR-FR), que controla arbitrariamente al poder judicial puso en el banquillo de los acusados a la líder social de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala y a la dirigenta Graciela López, a las que tiene detenidas desde hace casi un año, en los comienzos del régimen macrista. La acusación es por un lanzamiento de huevos contra el actual mandatario provincial cuando aún era uno de los más recalcitrantes senadores nacionales.
Milagro Sala sostuvo en su declaración que la tienen presa por odio racista, ya que la Tupac logró que “los negros y los coyas” no bajen más la cabeza. En una provincia donde el blanco explotó históricamente a los pueblos originarios, cuando la organización barrial que ella creó les dio la dignidad de trabajos y viviendas de calidad ello fue intolerable para la clase que está acostumbrada a explotar al nativo. Morales, socio de los Blaquier (dueño del ingenio Ledesma y principal socio de la dictadura militar en la Provincia) modificó en forma arbitraria el Poder Judicial, donde ingresaron cinco radicales (dos de ellos votantes en la ley que les favoreció) y a partir de allí comenzaron todas las arbitrariedades.
A pesar del pedido de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y decenas de comités internacionales reclaman la inmediata libertad de Milagro Sala y los siete tupaqueros que aún hoy permanecen en forma ilegal en prisión. El Presidente Macri se limita a decir que “está presa porque un grupo de ciudadanos creemos que tiene que estar presa por los ´delitos´ que cometió”, burlándose del más elemental derecho de inocencia hasta que la justicia encuentre la culpabilidad.
Desde enero de 2016 Milagro Sala y otros compañeros de la Tupac permanecen detenidos en la prisión de Alto Comedero, en cárceles e institutos policiales, donde sufren presiones y extorsiones para declarar en contra de sus compañeros. Mientras tanto han desfinanciado las 60 cooperativas de trabajo, destruido la pileta del “countri” (nombre que le dieron al principal de sus barrios) y otras arbitrariedades que buscan abortar la mejor experiencia social que ha tenido Jujuy desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955.

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