EDITORIAL – Dictadura | La complicidad de los empresarios con los peores años de la Argentina empezará a salir a flote.

Por Daniel do Campo Spada

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una comisión bicameral por la memoria para investigar la complicidad de los empresarios durante la dictadura militar de 1976 a 1983. A instancias de una iniciativa del Diputado Héctor Recalde del Frente para la Victoria (FPV) se reunirá la información necesaria para poder llevar ante los Tribunales a quienes han sido los grandes mentores del momento más sangriento de la historia argentina. Temerosos de que se los descubra algunas cámaras empresarias comenzaron a agitar las aguas en contra de esta acción que empezaría a redondear la totalidad de las responsabilidades, en las que los militares fueron apenas los ejecutores de un plan instrumentados por los hombres de negocios y muchos eclesiásticos.

En la Cámara baja se dio una media sanción a favor de la formación de Comisión con 170 votos a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra. Quienes no apoyaron esta acción pertenecen a partidos de derecha (PRO, Conservadores y Demócrata de Mendoza) herederos directos del proceso militar iniciado por el dictador Jorge Rafael Videla. Laura Alonso, Federico Sturzenegger, Federico Pinedo, Eduardo Cáceres, Jorge Triaca, Héctor Baldassi, Gladys González, Pablo Tonelli, Cornelio Schmidt, Luciano Laspina y Christian Gribaudo del macrismo no la apoyaron junto a Guillermo Durand Cornejo (Conservadores) y Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza). La mayoría de ellos tienen vínculos directos con los responsables de la masacre realizada en el país a lo largo de siete años.
La Unión Industrial Argentina a nivel nacional (ya que varias filiales del interior estuvieron a favor), Asociación Empresaria Argentina (AEA, fogoneada por Clarín y Techint), Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (IDEA) y la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresas (ACDE, muy ligada a la derecha ultramontana) se manifestaron fuertemente en contra. Por ello, apoyados por el ultraconservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires buscan la forma de bloquearla judicialmente con alguna cautelar como llevan cinco años haciendo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunas de las regionales de la UIA (Chaco y Provincia de Buenos Aires) sostuvieron que si no hay nada para ocultar no tendría que haber problemas. Sin embargo las cosas son muy distintas.

Cuando Videla tomó el poder derrocando a la Presidenta constitucional Isabel Martínez en marzo de 1976, un grupo de empresarios ya tenían resuelto un plan macabro para modificar definitivamente la matriz económica y social de la Argentina. Por ello hay que darle la magnitud que merece el papel de Alfredo Martínez de Hoz como Ministro de Economía del gobierno de facto (Presidente del Consejo Empresarial Argentino, histórico dirigente de la Sociedad Rural Argentina y Presidente de ACINDAR) ya que fue la muestra de a que venían los empresarios. Destruir el Estado, la organizaciones sindicales y políticas y concentrar la riqueza en pocas manos era un objetivo que debían lograr aún al precio de un derrame de sangre nunca visto.
Guillermo Walter Klein, dirigente de las cámaras de comercio y de agentes de la Bolsa de Buenos Aires asumió el rol de Secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía. Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima de Holanda fue Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, mientras que Juan Ocampo, representante de los bancos privados se convirtió en Presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), principal banco estatal.
El plan macabro hizo que Domingo Felipe Cavallo siendo Presidente del Banco Central en de la República Argentina en 1982 socializara las deudas de los empresarios privados en el exterior. Toda la población, sin consulta alguna pasó a hacerse cargo de la fiesta de unos pocos, con consecuencias en la deuda exterior que el pueblo aún sigue pagando con sus consecuencias. Mientras que los neoliberales sostienen que cada uno debe arregarse por sí mismo, cuando se trata de los empresarios y sus fortunas personales es un tema de todos.
Mientras que la oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) tiene su propia investigación, en los últimos meses hay que agregar el libro del periodista Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky “Cuentas pendientes” que avanza sobre la complicidad empresaria en el armado económico de la dictadura. Los militares correspondían a su vez con la desaparición de las comisiones gremiales internas y de todos aquellos que molestaran el sometimiento a sus trabajadores (Ford, Mercedez Benz, La Nueva Provincia, Ledesma, etc.).
A favor de investigar la pata empresaria del Proceso militar están la Confederación General Económica (CGE), la Central de Entidades Empresarias Argentinas (CEEN), la Confederación General Económia de la República Argentina y varias ramas provinciales de la Unión Industrial Argentina y de la Federación Agraria.
Aunque muchos de estos cómplices y artífices de la dictadura ya están viejos o fuera del país, aún quedan muchos por ser investigados (los Blaquier y los Massot) que de una u otra forma siguen eludiendo la justicia ante los pedidos de Verdad y Memoria de los organismos de Derechos Humanos y de las víctimas directas. El país tiene una nueva oportunidad de avanzar en la investigación sobre un período nefasto.

do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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