EDITORIAL – Causa Ciccone | El Juez Lijo no permite televisar indagatoria a Boudou para que Clarín pueda seguir mintiendo.

Por Daniel do Campo Spada.

El Juez Federal Ariel Lijo, de dudosas relaciones personales y sospechado de parcialidad le negó al Vicepresidente Amado Boudou la posibilidad de televisar su indagatoria del próximo lunes. Amparándose en que debe reinar el secreto en el proceso, deja la puerta abierta para que el Grupo Clarín y los medios de derecha digan lo que se les ocurra de tal circunstancia. Sobre el integrante del Poder Ejecutivo han lanzado un plan de destrucción por haber sido el arquitecto de la política social del Gobierno peronista y por haber terminado con la estafa de la jubilación privada de la que el oligopolio y gran parte de los empresarios se beneficiaba.

El Juez Ariel Lijo es ex-cuñado de Gabriel Cavallo, con quien conserva una gran amistad. Este último es el abogado personal de Ernestina Herrera de Noble y de Héctor Magnetto, dueños del oligopolio Clarín y jefes de una oposición que solo hace política desde (y para) los medios. La prueba estuvo en la exposición que en la primer semana de Junio realizó en la Cámara Baja del Congreso Nacional el Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich. En lugar de indagarlo se levantaron del recinto (para el que fueron votados por los ciudadanos de derecha) y se fueron a los estudios de televisión (también de derecha) a decir sus opiniones. El desprecio a los canales legislativos es un claro mensaje de donde ven el poder.
En un primer momento (y nada casualmente) el Juez le había fijado una fecha de indagatoria a Boudou que coincidía con el viaje de la Presidenta Cristina Fernández a la Cumbre del BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica), paso importantísimo para el futuro internacional del país. De esa forma, y mintiendo, el oligopolio podía mentir a sus anchas y dividir las tapas. En lugar de un éxito de carácter trascendental habría figurado un Poder Ejecutivo cuestionado.
¿Cuál es la acusación a Boudou? Durante su gestión al frente del Ministerio de Economía la empresa Ciccone, responsable de la impresión de billetes presentó problemas financieros graves. Su caida habría implicado un problema grave para el movimiento financiero del país. Por ello sugirió ver la forma de evitar su desaparición. Hasta aquí algo habitual con lo que ocurre con todas las empresas privadas que representan algo esencial o estratégico. Pero al igual que los inspectores policiales, que manifiestan que un crimen se comienza a investigar desde la lista de los beneficiados con el mismo, nos da un solo nombre. Boldt, que pertenece al oligopolio mediátco. Hoy por hoy todas las facturas de servicios, bancos o sueldos, las imprimen ellos y luego las cobran en Pago Fácil que pertenece a la familia Macri. Para cerrar el círculo basta agregar que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ha dado por decreto el negociado de las fotomultas.
Lijo es a su vez ex-cuñado de Cavallo, que nosolo es el abogado personal de Magnetto y Herrera de Noble sino que además junto a Antonio Matta (preso en España por estafas) fueron socios del showman Jorge Lanata en el desaparecido diario Crítica de la Argentina (que dejó en la calle a más de cien periodistas). El circulo es tan escandaloso que el Juez Federal debería haber renunciado a la causa armada no para investigar si la imprenta Ciccone fue ayudada por el Gobierno sino para manchar al Vicepresidente que fue el arquitecto del progreso económico y social actual.

A Boudou no le perdonan haber terminado con la estafa de las AFJP

Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueon el gran robo de la etapa neoliberal (Menem-De la Rúa). Los trabajadores eran forzados a dar sus aportes a administradores privados que los administraban con distintos instrumentos financieros. Al cumplir la edad jubilatoria, lo que se hubiera “capitalizado”se prorrateaba en siete años para los hombres y catorce las mujeres. Quienes quisieran sobrevvir más de ese tiempo y seguir cobrando ponían todo ese dinero en un Seguro de Retiro, siendo estafado por segunda vez. Al tiempo que dejó de recibir los aportes, el Estado salía a cubrir la estafa con un pago mensual llamado Prestación Básica Universal (PBU) que era LO ÚNICO que terminaban cobrando quienes se hubieran jubilado de esta forma.
Las inversiones que los administradores privados usaban iban a sus propias empresas. Al mismo tiempo, el 50 % del aporte quedaba en sus manos en concepto de gastos administrativos. Ellas no perdían nunca, pero si las decisiones que tomaban las AFJP salían mal (entiéndase que no daban ganancias) los únicos que perdían eran los trabajadores, que después del año 95 no pudieron optar por quedarse en la Jubilación de Reparto que es la estatal. Es mas, si no se optaba, directamente lo pasaban a cualquier privada. El esfuerzo había que hacerlo para quedarse (amenazas mediante los medios de comunicación cómplices de que se iban a quedar sin nada) por lo que muchos fueron absorbidos por negligencia. Y una vez que se optaba por la privada No se podía volver a la Estatal. La vía inversa (o mejor dicho el camino a ser estafado) estaba siempre abierto.
El maquiavélico plan fue instaurado por Domingo Cavallo y los financial boys que eran las estrellas de las revistas, las radios y los programas de televisión. Es tema de otras línea cómo se vació el país enajenando empresas y destruyendo el mercado interno, con millones de familias que cada día caían en la miseria.
Este perverso sistema de financiamiento de los trabajadores a sus mismos explotadores se mantuvo hasta el Gobierno de Néstor Kirchner. Cuando Amado Boudou era Ministro de Economía y vio que volviendo las jubilaciones al Estado no solo aumentarían sino que además se creaba una política social de inclusión, el por entonces Jefe de Gabinete de la Presidenta Cristina Fernández (y según los cables filtrados por Wekeleaks informante de la Embajada de Estados Unidos) Sergio Massa quiso impedirlo, pero al esposo de la mandataria y ex Presidente la idea le pareció maravillosa y ordenó su inmediata implementación.