EDUCACIÓN – CABA | GOBIERNO PORTEÑO INVIERTE UN PESO EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR POR CADA 10 QUE OTORGA A COLEGIOS PRIVADOS

Buenos Aires, 19 de enero 2014 (Télam).- El gobierno de Mauricio Macri invierte un peso en infraestructura escolar por cada 10 que deriva para subsidiar a la enseñanza privada en la Ciudad, en tanto la Auditoría General porteña advirtió que no se cumplen los procedimientos legales en el manejo del presupuesto anual de 1573 millones de pesos destinado a los colegios privados. Según una investigación publicada hoy por Tiempo Argentino, el informe 2.13.06 del organismo de control cuestionó el otorgamiento de los beneficios a las instituciones privadas, en un 90% administradas por la Iglesia Católica, en medio del escándalo por la carencia de vacantes y la compra de aulas modulares.
Según el informe de la AGCBA, la gestión macrista distribuyó 1573 millones en subsidios en 2012 (último dato disponible) pero “no hay dictamenes jurídicos para el otorgamiento, baja o modificación en los aportes” y advirtieron que “no hay orden de prioridades, porque en ningún caso se realizó la evaluación” para definir cuáles son los colegios que más necesitan los aportes públicos.
El artículo 25 de la Constitución porteña establece que “las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan a pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable”.
La Carta Magna porteña no deja dudas sobre la forma en que debe repartirse ese dinero: “La ciudad puede realizar aportes (…) dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”. Según la Auditoría, aquel mandato constitucional no se cumplió porque jamás se realizaron las evaluaciones necesarias y “se han detectado incumplimientos en relación a la elaboración de los actos administrativos, la orden de prelación, la alteración del circuito de pagos y transferencias, junto a modificaciones sustanciadas en los aportes transferidos”.
En momentos en que padres de unos 17.000 alumnos denuncian que sus hijos no tienen vacantes en las escuelas públicas porteñas, el desequilibrio entre los aportes estatales a la gestión privada de la educación y la cifra destinada a construir y refaccionar escuelas cobra significativa relevancia.
Según un análisis sobre el Presupuesto 2013 que realizó Eduardo Epszteyn, representante del FPV dentro del colegio de auditores de la AGCBA, los subsidios estatales a la educación privada alcanzaron el último año el récord de 1800 millones de pesos.
Mientras la administración macrista plantea subsanar la ausencia de aulas con la instalación de contenedores, en 2013, el presupuesto para Infraestructura escolar aprobado por la Legislatura fue de 158 millones de pesos, una décima parte de los portes derivados a la enseñanza privada.
Según los cálculos, 2012 y 2013 fueron los dos años de menor inversión en infraestructura escolar pública desde 2007. Entre 2008 y 2012 “no se utilizaron $ 477 millones de presupuesto sancionado” afirmó Epszteyn a Tiempo Argentino, y agregó que “si lo consideramos respecto al crédito vigente, es decir, si comparamos los números respecto al presupuesto que efectivamente tenían, se negaron a gastar 737 millones”.
La Auditoría cuestionó también la ausencia de criterios para fijar aranceles, que “deja un importante e inaceptable margen de discrecionalidad de un importante caudal de recursos públicos, ya que puede determinar en base a su sola opinión el monto de dinero que recibirá cada escuela de gestión privada”. En línea con las críticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que denunció este tema hace dos años, definieron la política del gobierno macrista hacia los
aranceles como “extremadamente regresiva, toda vez que mediante una serie de mecanismos que elevan irrazonablemente los topes máximos, autoriza que el Estado continúe subsidiando fuertemente a los establecimientos educativos que cobran cuotas extremadamente altas, y a las que claramente no asisten niños de menores recursos económicos”. (Télam)