QUERELLANTES DEL CODESEDH VINCULAN A LEDESMA Y MINERA EL AGUILAR CON LA REPRESIÓN

Jujuy, 22 de febrero (Télam).- El Tribunal Oral Federal (TOF) escuchó hoy la primera exposición en la etapa de alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que tiene a tres militares imputados en cinco causas acumuladas por secuestros, torturas y desapariciones y en la que quedaron relacionadas las acciones represivas en Ledesma y en la Minera El Aguilar durante la dictadura cívico-militar.
En la exposición, los abogados querellantes del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Liliana Molinari y Martín Patiño, describieron los hechos y su contexto de las cinco causas y pidieron 25 años (equivalente a prisión perpetua) en cárcel común para los acusados. “Reflejamos en los alegatos todo lo que ocurrió con el terrorismo de Estado en cuanto al aniquilamiento de la población que no pensaba como ellos y los intereses políticos y económicos en juego”, expresó a Télam Molinari en referencia a la Noche del Apagón en Ledesma y los secuestros en la mina El Aguilar.
Manifestó que las empresas mencionadas se movieron como “socios y cómplices del terrorismo de Estado” ya que utilizaron los “mismos recursos, los mismos caminos e idénticas consecuencias: desapariciones, torturas, muertes”. Recordó que tanto Ledesma como la minera El Aguilar asistieron a fuerzas conjuntas logísticamente con vehículos para que se realizaran las detenciones desde el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976.
La querella pidió para el imputado Antonio Orlando Vargas en la causa Avelino Bazán y otros, 25 años de prisión perpetua en cárcel común por los delitos de coautor partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencias en 18 causas de los mineros.
En la causa Luis Aredez y otros, solicitaron como autor del delito de privación ilegítima de la libertad por amenazas, violencia y violación de domicilio en concurso real, 25 años de reclusión perpetua en cárcel común. Para José Eduardo Bulgheroni en la causa Reynaldo Aragón y otros, pidieron 25 años reclusión en cárcel común y efectiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad con amenazas y violencia y violación de domicilio.
En la cauda Bazán y otros, pidieron la pena de reclusión y condena a cadena perpetua por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas. Para el imputado Braga la querella pidió reclusión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad con violencia. Los pedidos de las penas fueron fundamentados en el marco del delito de genocidio contemplado por la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio de la ONU en 1948, cuyo tratado fue firmado por Argentina en 1956.
Tiene como antecedente lo preceptuado en la causa Etchecolazt, en el juzgado de La Plata, y describió al `genocidio` como el delito de “negación a la existencia de grupos humanos” y esto era lo que figuraba “en el plan criminal de la dictadura militar” la destrucción de los grupos sociales de las víctimas. Braga, apodado el “cara cortada” por una cicatriz en la mejilla izquierda, fue reconocido como el secuestrador de Álvarez García por la mayoría de los testigos que declararon en las audiencias y era el que decidía quién “debía desaparecer o suprimirse”.
En la causa Álvarez García, está imputado por violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.
# Bulgheroni llegó imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad en calidad de partícipe necesario en la causa Reynaldo Aragón y en la causa Paulino Galeán y otros, conocido como el grupo “Tumbaya”.
Vargas está imputado en la causa Luis Aredez y otros como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada. Luis Aredez, ex intendente de Libertador San Martín y asesor del sindicato del azúcar de Ledesma, fue víctima de la denominada “Noche del Apagón”, causa por la que está procesado el dueño del ingenio, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador, general Alberto Lemos.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976 fuerzas conjuntas detuvieron a cerca de 400 personas en Ledesma, Calilegua y El Talar, de los cuales hay más de treinta personas desaparecidas. La audiencia de alegatos se reanudará el 7 de marzo con la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (Télam).