El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que “los amparos contra la reforma del Consejo de la Magistratura constituyen una contradicción en los términos en que están reguladas las cautelares”.

Tribunales_01Buenos Aires, 30 mayo 2013 (Télam) Sobre la presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, estimó que “solicitar como medida cautelar la suspensión de la aplicación de una ley que se considera inconstitucional constituye una contradicción en los términos en que están reguladas actualmente las medidas cautelares porque tiene que tener un objeto diferenciado de aquello que es la petición de fondo”.
“Se puede plantear la declaración de inconstitucionalidad y tratar de obtener una sentencia, pero lo que no se puede hacer -que está en contradicción con la ley de medidas cautelares- es plantear lo mismo por vía de medida cautelar y como petición de fondo”, explicó el abogado en diálogo con Télam.
Asimismo, advirtió que “si esta es la postura, desde ya anticipo que conforme a la ley vigente de medidas cautelares debe ser rechazada `in limine´ por no reunir los requisitos que la ley establece”.
“Strassera está inhabilitado porque fue funcionario durante la última dictadura militar”
“Para declarar una inconstitucionalidad el plazo es breve, de manera que no se requiere cautelar y ni hay ninguna urgencia de por medio que habilite el dictado de una cautelar previa a esa sentencia de fondo”, añadió.
Además Barcesat cuestionó que el posible postulante de la oposición para integrar el Consejo de la Magistratura, Julio César Strassera, “está inhabilitado porque fue funcionario durante la última dictadura militar y la ley del Consejo de la Magistratura señala que está expresamente prohibido que integren ese organismo o aspiren a cargos quienes han prestado servicio en la dictadura cívico militar”.
Además, sostuvo que “contraviene la ley electoral” que la oposición vaya con una lista autónoma para las elecciones de los miembros del Consejo de la Magistratura, como planea, porque los candidatos para ese organismo “deben ir con la (lista) de los legisladores”.
Al respeto, también se preguntó “cuál sería en definitiva el interés (en realizar presentaciones contra la reforma del Consejo de la Magistratura), si en definitiva están armando una lista”. (Télam)